Paramilitares extorsionan en Faja del Orinoco

Foto: Archivo

Entrevista Paramilitares extorsionan en Faja del Orinoco Publicado por Gustavo Villapol Fecha: 22 julio, 2015 Prensa Cuatro F/ Víctor Hugo Majano

El diputado y experto policial advierte que el problema de la criminalidad está haciendo mella en la población y si no se detiene va a erosionar los cimientos de la Revolución Bolivariana.

Bandas criminales (que funcionan con la misma lógica y cultura paramilitar) tienen presencia en todo el estado Zulia y el estado Guárico, en el sur del estado Aragua y del estado Bolívar, en los Valles del Tuy, Barlovento y en el estado Miranda, y, por si fuera poco, en una parte importante de la Faja Petrolífera del Orinoco, aseguró el diputado Freddy Bernal, quien hasta hace unas semanas estuvo al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial.

En una entrevista para Cuatro F advirtió sin titubeos que las mencionadas agrupaciones delictivas ya estaban presentes en Caracas, concretamente en El Valle, Coche, Santa Rosalía, Primero de Mayo, Cota 905 y El Guarataro, donde “se ha establecido una alianza de bandas que están ejerciendo control territorial.”

“Yo no dudo que hayan células paramilitares en Venezuela y no necesariamente tienen que ser colombianas. Generalmente, cuando se habla de un paramilitar, la gente tiene el esquema de que se trata de alguien de la AUC, vestido de verde y con un fusil. Pero pueden haber células paramilitares venezolanas, nacidas en Venezuela, que responden a intereses transnacionales.

Para ello actúan en el país usando como fachada bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, pero que sin duda son expresión de esa cultura paramilitar.”

Para el parlamentario, el caso del asesinato del diputado Robert Serra, es una muestra clara de ese modelo, pues, el principal imputado, conocido como “El Colombia”, quien dirigía una banda delictiva y manejaba una plaza de venta de drogas en el urbanismo de La Paz, también tenía lazos directos con agrupaciones del paramilitarismo colombiano, que canalizaron el crimen por encargo.

En la investigación del crimen de Serra, Bernal precisó que se consiguieron relaciones con las actividades realizadas por las empresas de la familia Velez Trillos, radicada en el Norte de Santander, y dedicada al cambio fronterizo.

Asimismo, se identificó una empresa denominada Corralito, especializada en apuestas tipo parley, que está conectada con el paramilitarismo con el fin de actuar como fachada para la legitimación de activos proveniente del contrabando de extracción y del tráfico de drogas.

El delito más común practicado por este tipo de agrupaciones criminales es la extorsión, ya que produce enormes cantidades de dinero, sin embargo, se denuncia en una proporción muy baja (menor al 10% de los casos).

Otra línea de expresión de este fenómeno es la adopción de la “cultura paramilitar”, muy diseminada e, incluso, reinterpretada por las distintas bandas delictivas del país. Además, confluyen elementos de las “Maras” o agrupaciones delictivas surgidas en Centroamérica.

“Son expresiones del crimen organizado donde se asocian bandas que forman estructuras de poder, que ejercen control territorial sobre una zona específica e impulsan fundamentalmente el delito de la extorsión y el secuestro”, afirmó.

La extorsión genera importantes recursos, pues, se trata de un delito que se denuncia en muy raras ocasiones, y lo casos reportados no superan el 10% del total. El 90% paga en silencio, por temor, indicó.

“Esas bandas se van alimentando con enormes cantidades de dinero y con ese dinero van construyendo ejércitos particulares, conformados por jóvenes entre 14 y 25 años de edad, provenientes de familias descompuestas”, agregó Bernal.

Además, al contar con tantos recursos pueden comprar armas a los llamados “perros de la guerra”, hasta el punto de que en poder de estas bandas se han detectado fusiles AR-15, de fabricación estadounidense, y que no son usados por las fuerzas militares o policiales de Venezuela.

En tal sentido, para Bernal, no hay dudas sobre la existencia de una estructura de contrabando de armas desde el exterior y que abastece a un mercado ilegal desarrollado por el crimen organizado. Recordó que entre 2006 y 2011 la agencia estadounidense de armas (ATF, por sus siglas en inglés) promovieron la venta de unas 2000 unidades a contrabandistas mexicanos supuestamente para seguirles la pista. Sin embargo, la operación se realizó sin conocimiento de las autoridades de México y sólo se recuperó una pequeña parte del armamento entregado.

– ¿A quién extorsionan?

Extorsionan a todo el mundo, desde el pequeño comerciante dueño de una bodega, hasta los comercios ubicados en grandes centros comerciales o, incluso, a los empresarios importantes de la zona. Si bien, los bodegueros por sí solos no le generan ingresos significativos (5000 o 10000 bolívares al mes), la cantidad de dueños de bodegas extorsionados (hasta 100) hace que las ganancias sean inestimables.

– En Guárico estas bandas han tomado control de la contratación de trabajadores en grandes obras públicas como el Ferrocarril del Llano…

En la zona de Guárico y en la zona de los Valles del Tuy, donde hay grandes obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela y obras de infraestructura de Corpomiranda, se ha generado una alianza del crimen organizado con sectores sindicales mafiosos, que están en control de grandes obras públicas, obteniendo así, grandes cantidades de dinero.

Con respecto a la Faja Petrolífera del Orinoco, Bernal explicó que los grupos paramilitares “se han dedicado a la extorsión de empresarios que están invirtiendo en el desarrollo” del complejo energético en alianza con la estatal petrolera PDVSA. Estos empresarios, generalmente, no denuncian por el miedo a ser secuestrados o asesinados.

– ¿Se trata de contratistas de transnacionales?

Sí, son contratistas de las empresas transnacionales o de la propia PDVSA.

Explicó que el elemento definitorio del carácter paramilitar de estos grupos es el “control territorial”, y que donde se establecen siempre intentan disolver la presencia de la autoridad del Estado.

– Van ejerciendo el control de la seguridad en una zona y le dicen a la gente que si quieren seguridad les deben pagar a ellos, si tú no quieres que haya robo en un área comercial me tienes que pagar, si no quieres homicidios me pagas; y termina toda una comunidad pagándole a unos delincuentes por su seguridad.

–¿Existe relación entre estas bandas e integrantes de cuerpos policiales?

Sí, y está probado. En el trabajo que hicimos desde la comisión presidencial dimos de baja a más de 800 policías por diversas desviaciones, pero también metimos en la cárcel a 147 que tenían que ver directamente con bandas.

Bernal llamó la atención sobre el uso de prácticas en la comisión de delitos que no eran comunes e, incluso, eran desconocidas en Venezuela, como la ejecución de homicidios que contemplan el descuartizamiento y la quema de los cadáveres.

Asimismo, apuntó a la necesidad de integrar en los programas de la Escuela de Formación Socialista del PSUV, que dirige María Cristina Iglesias, contenidos que permitan brindar recursos a la militancia para que puedan identificar y alertar en forma temprana la aparición de núcleos que apuntalen la expansión del paramilitarismo.

Recordó que durante la recién culminada campaña de las elecciones para escoger los candidatos del PSUV para la Asamblea Nacional, se pudo constatar que las dos principales preocupaciones de la gente están relacionadas, en primer lugar, con la “guerra económica”, y, en forma muy sensible, con la situación de inseguridad.

– Eso va causando mella en la población y, si no logramos revertir el avance del crimen, pudiera llegar un momento que comience a erosionar los cimientos de la Revolución Bolivariana.

“No hay dudas sobre la existencia de una estructura de contrabando de armas desde el exterior, que abastece a un mercado ilegal “ El Nacional “acusa” a vecinos de Cota 905 de colaborar con la policía

El diario El Nacional (de tendencia derechista) informó que vecinos de la Cota 905 actuaron como informantes confidenciales para identificar y precisar la ubicación de varios de los presuntos delincuentes, abatidos el pasado lunes 12 de julio en la Operación Liberación del Pueblo (OLP).

En una nota de Javier Ignacio Mayorca, se afirma que la operación antidelictiva “contó con la participación activa de informantes confidenciales, conocidos como `patriotas cooperantes´ ”.

Y agrega que “los dateros son residentes de los distintos sectores, quienes se encargaron de señalar la ubicación de los inmuebles donde se encontraban los principales objetivos de la acción policial.”

Para producir la información Mayorca cita como voceros a “fuentes de la PNB y deudos de Alberto Rausseo”, uno de los ultimados durante la operación.

Atribuir el dato a familiares de uno de los abatidos no tiene ningún sentido periodístico, ya que estas personas no intervinieron ni tienen conocimiento de la forma cómo las autoridades policiales planificaron su actuación.

En el caso de que alguna fuente policial hubiera revelado un dato tan delicado, es de suponerse que cualquier reportero se hubiera abstenido de informarlo porque pondría en riesgo la integridad de los vecinos.

El uso del término “patriota cooperante”, carece de sustento legal, aunque se pretenda asimilar con la figura del agente de operaciones encubiertas, previsto en la ley contra el terrorismo.

Además, lo atribuyen a personas con posturas prochavistas, por lo que el señalamiento de Mayorca afecta fundamentalmente a militantes del chavismo o a miembros de las organizaciones del poder popular como los consejos comunales y las comunas.

Doble discurso

Los grandes medios, que desde hace mucho responsabilizan al gobierno bolivariano del crecimiento de la inseguridad, quedaron al descubierto ante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciada el domingo 12 de julio.

En las semanas previas, proyectaban como héroes a los delincuentes que mantenían control territorial en zonas como la Cota 905, el sur de Aragua, el norte de Guárico y los Valles del Tuy. Incluso, se convirtieron en sus portavoces, con entrevistas y crónicas donde los perfilaban épicamente.

Ahora son víctimas y su captura o muerte en enfrentamientos con las fuerzas del orden son una demostración del carácter “dictatorial” y “represivo” del gobierno venezolano.

Se trata, evidentemente, de un intento de descalificar la eficacia política de la actuación legítima del Estado en defensa de sus ciudadanos. Pero, además, es una manera de criminalizar la acción de la fuerza pública, al cuestionar la legalidad de la misma y al mostrar como irregulares actuaciones que se realizaron en el marco normativo.

Que nadie se asombre si la MUD comienza a mostrar los delincuentes de la Cota 905 como unos “luchadores por la libertad”.

 

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